ENCICLOPEDIA de BIODERECHO y BIOÉTICA

Carlos María Romeo Casabona (Director)

Cátedra de Derecho y Genoma Humano

control poblacional (Jurídico)

Autor: ITZIARALKORTA IDIAKEZ

I. Definición.—El control poblacional consiste en la limitación del crecimiento de la población, normalmente, aunque no de forma exclusiva, a través del control de la natalidad de la especie. Las políticas poblacionales pueden ser de distinto signo, tanto de limitación de la población de un determinado territorio o de los individuos que conforman determinada etnia como, al contrario, de fomento del crecimiento o expansión de dichos individuos.
El control de la natalidad, que comprende diversos métodos, como la abstinencia sexual, la contracepción, la esterilización, el aborto, y por extensión, el infanticidio, puede, a su vez, ser voluntario o impuesto. De ahí que, además de las políticas públicas, comprenda también la preocupación del individuo por separar reproducción y sexualidad, así como el deseo de limitar o espaciar la descendencia en el tiempo como respuesta a condicionantes económicos, culturales o religiosos.
El término «control poblacional» posee connotaciones negativas que evocan políticas autoritarias de restricción de la libertad reproductiva de los individuos por lo que en el ámbito cultural occidental dicho término ha sido sustituido por expresiones más neutras, como «control de natalidad» o «planificación familiar».

II. Historia.—El control de la fecundidad ha constituido, en todas las épocas de la historia de la humanidad y bajo regímenes políticos de toda índole, una preocupación mayor de la especie, tanto desde un nivel colectivo como desde el más restringido interés individual o de pareja. Platón, por ejemplo, en su obra Las Leyes, se refiriere a «los muchos métodos prácticos… para evitar el crecimiento de la población», y Aristóteles sugiere que la tolerancia de la pederastia en Creta junto con la prohibición de contraer matrimonio para los varones antes de los treinta años de edad, constituía, fundamentalmente, una medida para evitar el aumento excesivo de la población. La cultura helénica conocía los abortifacientes y algunas polis practicaban el infanticidio, aunque este último parece más una práctica eugenésica que una estrategia puramente cuantitativa, de limitación del número de habitantes.
A lo largo del Medievo, en Europa, la información acerca de contraceptivos naturales, más o menos efectivos, estuvo en manos de las parteras o comadronas que la fueron transmitiendo de generación en generación. La persecución a la que fueron sometidas durante determinadas épocas, bajo acusación de brujería, ha sido descrita recientemente como parte de las estrategias pronatalistas de algunas religiones y regímenes políticos (Heinsohn y Steiger 1997). En 1484, por ejemplo, el Papa Inocencio VIII promulgó un summis desiderantes contra la brujería, señalando como crimen nefario «arruinar y causar la muerte de la descendencia, impedir que los hombres engendren y que conciban las mujeres».
Los intentos por evitar la propagación de las prácticas anticonceptivas por parte de la Iglesia Católica se han sucedido hasta nuestros días. La condena de la contracepción fue firmemente reiterada en la Encíclica Humana Vitae del año 1968; y todavía hoy el Vaticano prohibe a sus fieles el recurso a las técnicas anticonceptivas, con la salvedad de los métodos llamados «naturales». En cambio, durante la Edad Media, el Islam admitía la contracepción e incluso el aborto por un motivo grave antes del cuarto mes de embarazo. El médico musulmán Avicenna consideraba los métodos anticonceptivos conocidos hasta la fecha como parte integrante del ejercicio de la Medicina.
En 1798, Thomas Robert Malthus publicó su primer ensayo sobre población. Su teoría consistía en que la humanidad estaba condenada a extinguirse porque el aumento de la prosperidad genera indefectiblemente crecimiento de la población. El incremento de la población, pensaba Malthus, es geométrico, mientras que los recursos crecen aritméticamente. Dicho aumento debía ser contrarrestado con la abstinencia sexual y la imposición de matrimonios tardíos. De esta manera, Malthus abogaba por un comportamiento procreativo responsable en el que el individuo sacrificara su interés individual o familiar al interés superior de la comunidad.
Tanto en Europa como en América del Norte, la urbanización y la industrialización transformaron radicalmente la sociedad a lo largo del siglo XIX provocando grandes tensiones en la población que por una parte deseaba poner freno a la fecundidad por motivos económicos, pero, por otra, se encontraba con la interdicción legal de los métodos contraceptivos y la actitud extremadamente negativa, de estigmatización de los métodos de anticoncepción, por parte de la clase médica. Frente a dicha actitud, unos pocos librepensadores comenzaron, a principios de los años 30 de dicha centuria, a defender la limitación de la prole como medida para aliviar la explotación de la clase obrera y el sufrimiento de los pobres. En los Estados Unidos, el fácil acceso a los medios de contracepción despertó las iras del censor Anthony Comstock, el cual consiguió que el Congreso norteamericano aprobara una ley en 1873, prohibiendo la comercialización de dichos artilugios de un Estado a otro o la que tuviera lugar por correo (Federal Obscenity Law). En Inglaterra, en 1877, Annie Besant y Charles Braudlaugh fueron juzgados por distribuir The Fruits of Philosophy, un panfleto sobre metódos contraceptivos, escrito en 1832 por el americano Charles Knowltor. Tras el sonado juicio, se constituyó la primera «Liga Maltusiana» en Gran Bretaña.
A pesar de las prohibiciones y de la persecución a la que fue sometida, la «Liga Maltusiana» publicó folletos informativos sobre métodos anticonceptivos, los cuales tuvieron amplia difusión.
La corriente neomaltusiana iniciada en el Reino Unido, se extendió a Francia, Alemania, Holanda y Estados Unidos. Las medidas propuestas no eran ya la abstinencia sexual, sino el recurso a la anticoncepción médica y al aborto practicado en condiciones sanitarias suficientes. El control de la natalidad constituía para los neomaltusianos un arma política revolucionaria, en realidad, completamente ajena al pensamiento de Malthus. En 1878 se fundó la primera clínica de control de natalidad en Amsterdam gracias a Aletta Jacobs. En los Estados Unidos, en 1916, la activista Margaret Sanger abrió su primer centro de planificación familiar, que fue clausurado por la policía. Después, Sanger colaboraría en la organización de la Liga Nacional de Control de Natalidad en Norteamérica, que en 1921 se convertiría en la Liga Americana de Control de Natalidad y en 1952 en la influyente Federación de la Paternidad Planificada (Planned Parenthood Federation), la cual, cincuenta años más tarde, cuenta con miembros provenientes de 134 países.
Contra el pensamiento y el activismo neomaltusiano que acabamos de describir se desarrolló en Europa y Norteamérica una corriente contraria que cristalizó en Francia, a principios del siglo XX, en un movimiento pronatalista de tendencia conservadora y católica, cuya vocación era la de prevenir a la población de la amenaza que suponía la caída de la natalidad.
La esterilización quirúrgica involuntaria, condenada por la Iglesia Católica desde los inicios de dicha práctica, constituyó inicialmente una respuesta a la preocupación extendida en el último tercio del siglo XIX por el «suicido de la raza». La declinante fertilidad de las mujeres anglosajonas alarmó a los líderes nacionales americanos. Francis A. Walker, director del Censo de los Estados Unidos, preocupado por la mayor fecundidad de los inmigrantes, propuso restricciones en la admisión de nuevos contingentes.
Esta preocupación influyó también en las actitudes sociales hacia el aborto. Antes de 1840, la ley americana, tomada de la británica, admitía el aborto antes del quickening (primeros movimientos fetales sentidos por la madre); sin embargo, a mediados de la centuria, un grupo de médicos hicieron campaña para derogar la ley que permitía el aborto inducido. Al mismo tiempo el miedo creciente a que la raza anglosajona fuera barrida y superada por los hijos de los inmigrantes sureños, de dudosas virtudes raciales, motivó el auge de la eugenesia como corriente social y política. Obras como la de Henry Goddard sobre la familia Kallikak catalizaron el miedo social a la «amenaza de los imbéciles». El propio Goddard estimaba que el número de «retrasados mentales» en los Estados Unidos podría ascender al millón de individuos. Ante tal temor se tomaron medidas como la promulgación de leyes de esterilización forzosa de los «débiles mentales». La mayoría de los Estados regularon y aplicaron dicha práctica, que fue corroborada por el Tribunal Supremo americano en la conocida sentencia Buck v. Bell, en la cual el Juez Oliver Wendell Holmes argumentaba que: «… tres generaciones de imbéciles son suficientes». Además de la esterilización forzosa que afectó a miles de individuos, el Congreso americano aprobó la Ley de Inmigración de 1924, favoreciendo la venida de inmigrantes provenientes del Norte de Europa y restringiendo la entrada de los contingentes indeseados, «biológicamente inferiores», provenientes de países del sur.
Finlandia, Noruega, Suecia, Austria, Francia, Italia, Argentina, México, Japón, Brasil, y Canadá, entre otros, también promulgaron leyes eugenésicas. No así Inglaterra, cuna del Darwinismo social y de la eugenesia, que nunca aprobó ley alguna de esterilización involuntaria ni puso en marcha programas de eugenesia social, a pesar de la popularidad de la que gozaba dicha corriente cultural en el país, quizá por la influencia de los geneticistas ingleses, los cuales ponían en duda la cientificidad de las afirmaciones de sus colegas americanos sobre debilidad mental y herencia.
La esterilización involuntaria alcanzó su cénit en la Alemania Nazi, sobre todo en los años que van de 1934 a 1945. La corriente eugenésica había existido en Alemania desde 1904, año en el que se fundó el Archivo de la Teoría de la Raza y de la Biología Social por el Doctor Alfred Ploetz. Tras su llegada al poder, los nazis promulgaron las primeras leyes de esterilización involuntaria «para la prevención de la progenie con defectos hereditarios » en casos de «defectos mentales congénitos, esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, epilepsia », etc. Por mandato de la Ley de 1933 los médicos informaban a los Tribunales de Salud Hereditaria sobre las personas «defectuosas». Las decisiones podían apelarse ante una Corte Suprema de eugenesia, cuya sentencia era definitiva y podía ejecutarse por la fuerza. En los tres primeros años que siguieron a la promulgación de la ley se esterilizaron unas 325.000 personas. Junto con estas medidas de eugenesia negativa, el Tercer Reich sostuvo también un programa de eugenesia positiva conocido como Lebensborn que fomentaba la procreación entre individuos arios seleccionados por facultativos pertenecientes al Régimen.
Tras la Segunda Guerra Mundial y el juicio de Nuremberg el eugenismo social perdió todo crédito y apoyo social. La derogación de las leyes de esterilización junto con la censura de las instituciones que habían llevado a cabo políticas eugenésicas no supusieron la prohibición formal de la eugenesia, pero el progresivo reconocimiento de los derechos de los pacientes y de los derechos reproductivos hacen inviables las tentaciones eugenésicas de los gobiernos. Con todo, en esta primera década del nuevo siglo, la eugenesia sigue invocándose constantemente como la amenaza más temible de los modernos métodos de reproducción asistida y de tecnología genética. La crítica alude a que a través de los diagnósticos preimplantatorio y prenatal de embriones se sigue practicando la selección de seres humanos por sus características genéticas, sólo que ahora dicha práctica no obedece a un plan concebido y puesto en marcha por autoridades públicas, sino que se deja en manos de los particulares. De ahí el apelativo «eugenesia de mercado» impuesto a dicha práctica.

III. Control de la natalidad en los países en desarrollo. 3.1. Políticas internacionales.—Las políticas poblaciones han tenido lugar, sobre todo, en los países del llamado Tercer Mundo. A lo largo de los años sesenta del pasado siglo, los gobiernos occidentales se alarmaron ante el ritmo de crecimiento que presentaban los países en vías de desarrollo. Exacerbada por la declinante tasa de natalidad de los países ricos, la proporción de población mundial que vivía en la pobreza continuaba creciendo, provocando a su vez mayor preocupación en torno a las consecuencias mundiales de la «bomba-demográfica». Dicha preocupación llevó a las Naciones Unidas a la organización de las primeras Conferencias sobre Población. La Conferencia sobre Población de 1974 que tuvo lugar en Bucarest, y en la que estuvieron representadas más de dos tercios de las naciones del mundo, puso de relieve los efectos del crecimiento incontrolado de la población mundial, sobre todo en materia de empleo en zonas urbanas de países subdesarrollados. La relación entre tamaño de la población y crecimiento económico se empleó como argumento por parte de los países ricos, a los que se sumaron la mayoría de los representantes asiáticos, para defender la necesidad de reducir el crecimiento de la población; en cambio, los Estados africanos y latinoamericanos incidieron en la importancia de combatir la pobreza y el subdesarrollo Frente a lo que sostiene el paradigma dominante según el cual existe una correlación directa entre limitación de la prole y prosperidad económica, algunos autores han demostrado que la relación entre desarrollo y control de la natalidad es bastante más compleja (Furedi 1997). La pobreza, según estos autores, es consecuencia de la interacción de un conjunto de factores entre los que figura la superpoblación, pero también influyen otras causas como la corrupción, las prácticas agrarias inadecuadas, la inestabilidad política y otras. Por otra parte, hay que tener presente que en muchos países en vías de desarrollo, las altas tasas de natalidad constituyen una estrategia de supervivencia. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, los nacimientos en los países pobres suponen mano de obra, y cuidados en la tercera edad; es decir, son una ventaja en lugar de una carga. Además, los altos índices de mortalidad entre la población infantil hacen necesario tener muchos hijos para asegurarse el futuro. Las políticas poblacionales diseñadas por mandatarios occidentales para países pobres, a menudo ignoraban las tradiciones culturales y los valores de los países en los que pretendían ser implantadas. Las campañas de distribución masiva de anticonceptivos han resultado en muchas ocasiones infructuosas porque previamente no se abordaron otras necesidades básicas como el acceso al agua potable, la reforma agraria o el analfabetismo.
De las primeras Conferencias sobre Población resultaron dos principios que parecen difícilmente conciliables entre sí. Por una parte se afirmaba que las personas y las parejas tienen un derecho inalienable a decidir «libre y responsablemente» sobre el número y espaciamiento de la prole; y por otra se reconoce a los Estados «el derecho a formular las políticas de población adecuadas a sus necesidades». El segundo principio enunciado parece ignorar que toda política de población ha de basarse necesariamente en la limitación, mayor o menor, de la libertad reproductiva de los individuos y de la pareja previamente reconocido como derecho básico en la propia Declaración (Véase sobre esta cuestión el epígrafe V).
3.2. Políticas nacionales.—Son muchos los países en vías de desarrollo que han adoptado políticas poblacionales, aunque no todas ellas respondían a los mismos problemas. Algunos Estados como Etiopía y Libia se consideran infrapoblados y, como consecuencia, han practicado políticas encaminadas a disuadir a la población del uso de métodos anticonceptivos. En estos países la manufactura o importación de contraceptivos está prohibida o severamente restringida, y también el aborto es ilegal.
Sin embargo, la situación más habitual es precisamente la contraria. La mayoría de los países subdesarrollados presentan unas tasas de crecimiento poblacional alarmantes, especialmente en las áreas urbanas, conducentes a situaciones de hacinamiento, de desempleo y de falta de alimentos en gran parte de la población. En consecuencia, la mayoría de los países superpoblados han puesto en práctica, con distinto grado de éxito, políticas encaminadas a contener el crecimiento de la población, basadas sobre todo en el control de la natalidad. India fue la primera nación en adoptar un programa de control de natalidad, que data de 1952, pero que no alcanzó los resultados previstos. Más recientemente, algunos Estados indios han aprobado leyes de esterilización forzosa para los casos en que la prole alcance determinado número de miembros, aunque la aplicación de esta medida ha sido conflictiva y ha generado grandes problemas en una parte importante de la población. Por el contrario, la política de hijo único adoptada en la República Popular China parece haber tenido notable éxito. Las autoridades chinas pusieron en práctica dicho programa en el año 1979 con el objetivo declarado de aliviar los problemas sociales y ambientales que padecía. El programa fue diseñado para una generación, pero su vigencia se ha extendido y amenaza ya con afectar a la segunda generación. Su aplicación ha sido controvertida tanto dentro como fuera del país por haber provocado abortos selectivos de fetos femeninos y esterilizaciones forzosas, y también por sus consecuencias sociales y económicas, como el desequilibrio de la ratio entre ambos sexos, pero es innegable que el crecimiento de la población china se ha contenido de forma importante. La ejecución de las medidas previstas en dicho plan depende de los gobiernos provinciales y consiste, fundamentalmente, en la imposición de multas por superar el límite permitido. Con todo, el número de familias chinas que tiene más de un hijo sigue siendo importante. Hay que tener presente que en las zonas rurales las familias pueden tener más de un hijo si el primero es mujer o discapacitado. Los hijos nacidos en el extranjero no se computan mientras no obtengan la nacionalidad. Tampoco están sujetas a dicha limitación las cincuenta y cinco minorías étnicas reconocidas. Parece que también es frecuente que las familias más pudientes recurran a la reproducción asistida en busca de gemelos o trillizos ya que el primer parto múltiple no está penalizado. Por otra parte, la política demográfica china incluye medidas eugenésicas, como el test genético de ambos miembros de la pareja para poder contraer matrimonio. Si el control revela algún tipo de enfermedad física o mental transmisible, desde la dislexia a la esquizofrenia, se les prohibe contraer matrimonio. En febrero de 2008 el Gobierno chino anunció una revisión de la política de hijo único, pero, finalmente, la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar ha decidido (en marzo de 2008) que dicho programa se mantendrá al menos durante otra década.
Otros ejemplos de políticas demográficas de contención son las diseñadas y puestas en práctica en Irán, Kenya, Pakistán, Taiwán, Turquía, Egipto y Chile. La reducción de la tasa de natalidad chilena ha llevado al país a alcanzar un porcentaje de incremento demográfico que parece estar ya por debajo de 2 por ciento por año. El programa concebido por el Gobierno chileno comenzó a operar en el año 1966 y parece que se han conseguido las metas sanitarias que el Servicio Nacional de Salud se fijó al poner en marcha el programa.

IV. Países desarrollados.—A diferencia de los países en vías de desarrollo que se hallan en una fase demográfica transicional —en la que la diferencia entre nacimientos y muertes es notablemente positiva, por lo que la población aumenta de forma explosiva—, en cambio, los países desarrollados se encuentran en su mayoría en la fase final, con un crecimiento prácticamente nulo. En realidad, la mayoría de estos países parecen haber transitado ya hacia un estadio postransicional en el que la mortalidad resulta superior a la natalidad y la población disminuye, al tiempo que su estructura envejece rápidamente.
Para contrarrestar la tasa de crecimiento negativo, la mayor parte de los Estados europeos han puesto en práctica políticas pronatalistas, consistentes, fundamentalmente, en ayudas sociales a las familias. Se trata de políticas de fomento, no coercitivas, que en todo caso proclaman el respeto al derecho a la libertad reproductiva de los individuos y de las familias. Francia y Suecia han sido pioneras en este tipo de políticas, proponiendo cada una desde una tradición jurídica y cultural diferente, medidas de apoyo adecuadas a la población.
España ha pasado de cifras de tres hijos por mujer a finales de los años setenta a 1,2 hijos por mujer a finales del siglo XX. En los primeros años del siglo XXI se viene produciendo una recuperación de la fecundidad, debido más al comportamiento más natalista de los inmigrantes que a las políticas de protección a la familia. No obstante, las cifras alcanzadas son insuficientes para permitir el recambio generacional. Dicha transición se ha producido con enorme rapidez y a pesar de que los contraceptivos fueron legalizados tarde en comparación con lo ocurrido en países del entorno. Han transcurrido 25 años desde que las mujeres vieron reconocido su derecho a la contracepción y al control de la natalidad. Casi tres décadas más tarde, lo primero que llama la atención cuando se observa el fenómeno demográfico es el escaso tiempo —apenas dos generaciones— en el que las mujeres asimilaron primero los procedimientos contraceptivos y han realizado después la transición hacia una concepción más amplia de sus facultades procreativas y de la idea de maternidad-paternidad compartida. Aunque han quedado en el camino derechos importantes como la interrupción del embarazo, podemos decir que lo que más preocupa a las españolas hoy en día no es la contracepción, que, pese a tratarse de un país mayoritariamente católico, se ha incorporado plenamente a la cotidianidad de la mayoría, sino la posibilidad de tener hijos cuando éstos son realmente deseados.
En otros países como el Reino Unido y Estados Unidos las preocupaciones de los Gobiernos se han desplazado a otros fenómenos como el de la alta tasa de embarazos indeseados en las adolescentes. A pesar de la accesibilidad a los métodos contraceptivos, es significativo el número de embarazos indeseados de adolescentes, hasta el punto de que este fenómeno se ha convertido en un problema social acuciante. Gran Bretaña posee la tasa más alta de Europa de embarazos en la población femenina menor de 16 años de edad. Para responder a las consecuencias sociales de la maternidad en la adolescencia el Gobierno británico puso en marcha en 1999 un programa llamado a reducir a la mitad los embarazos indeseados entre adolescentes en un período de 10 años. Los responsables del programa se han fijado en Holanda, como un ejemplo de educación sexual efectiva de adolescentes y jóvenes, ya que las tasas de embarazo entre adolescentes son en los Países Bajos las más reducidas de toda Europa. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, el programa diseñado por la Unidad de Exclusión Social británica no ha alcanzado el resultado inicialmente previsto. El motivo está, según parece, en que el programa se ha centrado en la educación sexual de los jóvenes, cuando las tasas de embarazos indeseados en esta franja de población responden sobre todo a causas económicas y culturales, ya que la mayoría de las adolescentes que se encuentran en esta situación están desempleadas y poseen un nivel educativo muy bajo.
El acceso voluntario a la planificación familiar que posibilita el ejercicio efectivo de la libertad reproductiva de las mujeres y de las parejas europeas parece garantizado en la mayoría de los casos. Una vez controlada la fertilidad, las europeas se enfrentan ahora a un fenómeno inédito que es la postergación de la maternidad por razones culturales, económicas y sociales. La consecuencia más alarmante de dicha práctica extendida entre la población autóctona y de clase media es la infertilidad por razones sociales. En muchos casos la postergación de la maternidad por razones sociales y económicas obliga a las parejas y a las mujeres a enfrentarse después, cuando deciden tener hijos, a problemas de infertilidad, causados por la edad o por problemas fisiológicos de alguno de los miembros de la pareja —diversas encuestas reflejan que hasta un 20% de las parejas europeas experimenta algún tipo de problema de fecundidad—. En esa tesitura, la Medicina reproductiva se presenta como una tabla de salvación para muchas parejas que consideran importante tener descendencia propia. Sólo una vez de que fallan los métodos de procreación asistida se empieza a plantear la adopción. La intensidad con la que se recurre a las técnicas de reproducción asistida en España, donde la oferta de centros privados es la más alta de Europa, obliga a reflexionar seriamente sobre las condiciones legales de acceso y de empleo de estos métodos.

V. Concepto: políticas de población y libertad reproductiva.—Un problema recurrente en la exposición realizada hasta el momento sobre las políticas de población es la contraposición entre políticas demográficas y derechos individuales. El principio de libertad reproductiva se inspira en la idea de que los derechos individuales de las personas priman sobre las políticas demográficas de los Estados y también sobre los valores societarios o familiares. En cambio, las Conferencias de Población celebradas en los años setenta y ochenta, a las que hemos hecho referencia, que consagraron los derechos demográficos, cargaron el acento en el papel primordial de la mujer en la reducción del crecimiento de la población. Se decía que el número de hijos de la pareja dependía de su estatus social y de su nivel de formación. De ahí que los documentos finales, inspirados en las teorías neomaltusianas, según las cuales los varones desean más hijos que las mujeres, recomendaban que se incidiera en la educación de las mujeres y en el reconocimiento de sus derechos frente al hombre. Las Conferencias posteriores criticaron la identificación entre las políticas de igualdad y las demográficas por entender que se estaba poniendo el derecho a la planificación familiar al servicio del control del crecimiento de la población. La crítica a la instrumentalización del reconocimiento de la libertad reproductiva de las mujeres y del derecho a la planificación familiar provocó un cambio sustancial en la estrategia de la defensa de aquellos derechos; estrategia que se trasladará de la órbita de las preocupaciones demográficas a la necesidad de protección y garantía de los derechos humanos individuales. A partir de la Conferencia Mundial sobre Población de 1994, y, sobre todo, desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró un año más tarde en Beijing el derecho a la planificación familiar pasará a considerarse un elemento más en el contexto de la defensa de la salud reproductiva.
El Derecho juega un papel preponderante en la regulación del acceso seguro a los medios de control de la natalidad, sobre todo, a través de la regulación de la licencia de medicamentos y de la prescripción de medios anticonceptivos por parte de los facultativos y otras autoridades sanitarias. En cualquier caso, es importante trazar una línea divisoria clara entre el acceso libre a los medios anticonceptivos y la prescripción forzosa de su uso. A pesar de que tanto en el mundo desarrollado como en el que está en vías de desarrollo son ya raros los casos en los que la ley impone directamente sobre los individuos el empleo de determinados métodos de control de la natalidad, no siempre resulta fácil distinguir entre las políticas dirigidas al fomento de medidas de control de la natalidad de aquellas otras políticas antinatalistas más dirigistas, que indirectamente reducen la libertad reproductiva de los individuos. La facultad de ejercer control sobre la capacidad reproductiva propia está directamente vinculada al ejercicio libre de la sexualidad y de la autonomía corporal, y en este sentido se ha dicho que la capacidad de tomar decisiones sobre la propia reproducción es un derecho humano básico, consustancial al concepto contemporáneo del individuo libre, capaz de dirigir su propia vida (Eriksson 2000).
Como resultado de lo expuesto se podría afirmar que la función del Derecho en materia de libertad reproductiva debería circunscribirse a la provisión de un marco regulatorio adecuado para la licencia y la prescripción de métodos anticonceptivos seguros para todo aquel que voluntariamente los demande, así como a la asignación de responsabilidad en caso de que se provoque un daño por defectos o errores en la licencia, prescripción o administración de dichos métodos.

Véase: Aborto, Anticonceptivo, Control de la natalidad, Diagnóstico prenatal, Diagnóstico preimplantatorio, Embarazo, Embrión, Esterilización, Eugenesia, Fecundación, Fertilidad, Feto, Maternidad, Matrimonio, Medicina reproductiva, Muerte, Nacimiento, Natalidad, Reproducción asistida.

Bibliografía: ALKORTA IDIAKEZ, Itziar, «Nuevos límites del derecho a procrear», Derecho Privado y Constitución, 20, 2006, págs. 9-61; DAVIS, Kingsley (ed.). Resources, environment, and population: present knowledge, future options, New York, N.Y.: The Population Council, 1991; ERIKSSON, M. Karen, Reproductive Freedom in the Context of International Human Rights and Humanitarian Laws, La Haya/Boston/Londres, Martinus Nijhoff, 2000; FUREDI, Frank. Population and Development: A Critical Introduction, Cambridge, Polity, 1997; HARDIN, Garrett, «The Tragedy of the Commons» Science, 162, 1968, págs. 1243-1248; HEINSOHN, Gunnar y STEIGER, Otto, «The Elimination of Medieval Birth Control and the Witch Trials of Modern Times», International Journal of Women´s Studies, 5, 1997, págs. 193-215. ONU, Conferencia Mundial sobre Mujer: Acciones para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, Beijing, 1995 (UN Doc. A/ CONF. 177/20, 1995), ONU, Conferencia Mundial sobre Población, Bucarest, 1974 (UN Doc. A/CONF. 60/19, 1974; SPICKER, S./ BONDESON, W. / ENGELHARDT, Jr. H (eds.), The Contraceptive Ethos. Reproductive Rights and Responsibilities, Boston, D. Reidel Publishing Company, 1987; UNITED NATIONS POPULATIONS POPULATION FUND (UNFPA): http://www.unfpa.org/


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